DRET A DECIDIR I MODEL D'ESTAT
DECLARACIÓN DE IU,
ICV, EUiA SOBRE
EL DERECHO A
DECIDIR Y EL MODELO DE ESTADO
Cayo
Lara señala que la declaración firmada hoy por IU, ICV y EUiA impulsa su
tradicional defensa de un "Estado Federal, Plurinacional, Republicano y
Social'
J.J Nuet Nuet
ha explicat que “la nostra aposta és que es modifiquin les lleis perquè pugui seguir
existint un projecte comú” i ha dit que la convocatòria del referèndum no la
podrà frenar “ni l’exèrcit ni una Constitució monàrquica”.
http://www.euia.cat/pagina.php?idp=6800
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Joan
Herrera remarca l’alt valor polític de l’acord “històric” amb IU sobre el dret
a decidir
http://www.iniciativa.cat/icv/news/45374
TEXT DECLARACIO
FINAL
http://www.iniciativa.cat/icv/news/45374
TEXT DECLARACIO
FINAL
4. Compromisos.
IU e ICV-EUiA se comprometen a:
- Apoyar el ejercicio del derecho a decidir
del pueblo de Cataluña y de
los otros pueblos del Estado que manifiesten
su voluntad de ejercer
este derecho.
- Reclamar y favorecer un proceso de negociación
entre las fuerzas
políticas del Estado y las fuerzas políticas
catalanas para acordar la
celebración de un referéndum sobre el futuro
político de Cataluña y
propiciar las reformas legislativas necesarias
para su convocatoria.
- Trabajar conjuntamente de manera coordinada
por un modelo de
Estado federal, plurinacional, social y
republicano, que incorpore el
derecho a decidir.
INICI
DECLARACIÓN DE IU, ICV, EUiA SOBRE
EL DERECHO A DECIDIR Y EL MODELO DE ESTADO
1. Unos valores compartidos: radicalidad
democrática y cultura
federal.
IU, ICV y EUiA comparten una serie de valores
políticos, a partir de la
diversidad de sensibilidades que representan,
propios de las tradiciones
políticas de la izquierda transformadora y
verde, que permiten construir
una posición común sobre la crisis
constitucional que vive el Estado
español y el derecho a decidir.
Valores como la radicalidad democrática, el
republicanismo, la
solidaridad o el internacionalismo, que forman
parte de la cultura federal
y que han hecho posible que tanto IU como
ICV-EUiA hayan asumido,
tradicionalmente, el principio del derecho a
la autodeterminación de los
pueblos, la defensa del el carácter
plurinacional y plurilingüe del Estado
español y la construcción de una Europa social
y federal.
IU y ICV-EUiA siempre han defendido el pleno
desarrollo de los
autogobiernos y la necesidad de avanzar hacia
un modelo de Estado
federal. Así, ambas formaciones dieron su
apoyo a la segunda generación
de estatutos de autonomía con la aprobación
del Estatut d’Autonomia de
Catalunya, modelo que el Estatuto de Autonomía
de Andalucía
generalizó, y a la lectura federal de la
Constitución que implicaban dichos
estatutos.
ICV-EUiA valora muy positivamente el trabajo
realizado por el Grupo de
la Izquierda Plural y su defensa del
autogobierno de Cataluña y del
derecho a decidir en distintas votaciones en el
Congreso.
2. Crisis constitucional, crisis del modelo de
la transición.
Vivimos una profunda crisis que tiene una
dimensión Europea y que
afecta, de forma especial, a los países del
sur de Europa, como
consecuencia de las políticas neoliberales
imperantes.
En el caso español esta crisis, además, viene
determinada por el
agotamiento del modelo surgido durante la
Transición democrática. Hoy
el sistema político caracterizado por el
bipartidismo está profundamente
cuestionado; las políticas de recortes de
derechos sociales y la reforma
laboral rompen el contrato social sobre el que
se basa el sistema
democrático y la Sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatut
d’Autonomia de Catalunya de junio de 2010 y el
proceso de 2
recentralización impulsado por el Gobierno del
PP han provocado una
profunda crisis constitucional.
La sentencia del Tribunal Constitucional no
sólo afecta el Estatuto
catalán, sino que también a casi todos los
estatutos de autonomía de
segunda generación: limitando el desarrollo de
los autogobiernos;
negando la participación de las CCAA en las
decisiones y organismos del
Estado, uno de los elementos federalizantes de
los nuevos estatutos; y
facilitando la permanente intromisión competencial
del Gobierno del
Estado en ámbitos propios de las CCAA.
Según dicha sentencia las aspiraciones de
mayor y mejor autogobierno y
de reconocimiento nacional de Cataluña,
plasmadas en un Estatut
pactado con el Estado y aprobado en referéndum
por la ciudadanía, no
tenían cabida en el marco constitucional,
manifestando además que no
era posible realizar una lectura federal de la
Constitución.
La respuesta del Gobierno del PSOE a la
sentencia fue de pasividad
absoluta, no se propuso ninguna salida ni
jurídica ni política que
permitiera superar los efectos de la
sentencia. Y el actual Gobierno del PP
está realizando una ofensiva contra las
autonomías, a las que acusa
falsamente de la crisis, para justificar un
proceso de involución
autonómica y de recentralización. El proceso
de recentralización afecta
también a los municipios con un proyecto de
reforma de la
administración local que vacía de contenido el
poder local.
Si bien es cierto que CiU, la derecha
nacionalista, intentó
instrumentalizar de forma partidista el
malestar existente en Cataluña y
el derecho a decidir, convocando unas
elecciones de forma oportunista
para capitalizar la manifestación del 11 de
septiembre, y así evitar el
debate sobre una políticas económica antisociales,
es evidente que la
desafección hacia el Estado tiene bases
objetivas y es ampliamente
compartida en Cataluña.
Las masivas manifestaciones celebradas en
Barcelona el 10 de julio de
2010 y el 11 de septiembre de 2012, así como
los resultados de las
elecciones al Parlament ponen de manifiesto
que la mayoría de la
ciudadanía de Cataluña no acepta el actual
marco estatutario y
constitucional y reclaman ejercer el derecho a
decidir para resolver la
actual situación.
La ruptura del pacto constitucional tuvo,
también, una dimensión
socioeconómica con la reforma en septiembre de
2011 del artículo 135 de
la Constitución, por la cual las políticas
neoliberales de austeridad
adquirieron rango constitucional.
Por todo ello el actual estado de las
autonomías y el marco constitucional
han de ser superados en un proceso que
reconozca el derecho a decidir y
garantice todos los derechos sociales.3
Derecho a decidir, que queremos dejar claro,
aunque no sea objeto de la
presente declaración, debe alcanzar junto a
los derechos nacionales que
definen la identidad también a los derechos
sociales que definen la
realidad en la que afrontamos la actual
situación de crisis.
3. El derecho a decidir, un principio
democrático.
IU e ICV-EUiA coinciden en la necesidad de
propiciar el diálogo entre las
fuerzas políticas del Estado y las fuerzas
políticas catalanas para
garantizar una salida democrática y pactada a
la crisis del modelo
territorial del Estado.
Cuando una parte sustancial de la población de
un territorio cuestiona el
marco institucional existente y manifiesta su
aspiración a la soberanía, en
lógica democrática, es necesario establecer
los mecanismos legales para
conocer la voluntad de los ciudadanos y
ciudadanas de ese territorio.
En ningún caso puede esgrimirse la
Constitución o la legalidad para
oponerse a la celebración de un referéndum en
Cataluña. No se trata de
un problema jurídico sino de voluntad política
y, en cualquier caso, las
leyes pueden ser reformadas para hacer posible
que la ciudadanía pueda
ejercer el derecho a decidir libremente su
futuro.
En este sentido, IU e ICV-EUiA exigen al
Gobierno del Estado -que tiene
la competencia para convocar referendos- que
negocie con las fuerzas
parlamentarias de Catalunya la celebración de
un referéndum que
permita conocer la voluntad de la ciudadanía
de Cataluña sobre su futuro
político, acordando las condiciones y
procedimientos para su celebración.
Para IU e ICV-EUiA el ejercicio del derecho a
decidir debe basarse en la
voluntad de negociación con el Estado
utilizando los mecanismos legales
existentes o acordando su reforma, si se
considera necesario; en el
respeto por la pluralidad de opciones
existentes en la sociedad catalana;
en el rechazo a cualquier intento de enfrentar
a la sociedad catalana por
sentimientos identitarios; en la construcción
de una mayoría política y
social favorable al ejercicio del derecho a
decidir; en el compromiso
político de acatar los resultados y de
impulsar las negociones necesarias
para concretar la voluntad de la ciudadanía.
En síntesis, se trata de conseguir la máxima
legitimidad democrática,
política y jurídica posible frente aquellos
que niegan toda posibilidad de
ejercer ese derecho.
La celebración del referéndum no supone el
final del proceso. Una vez
conocida la decisión de la ciudadanía de
Cataluña, deberán acordarse los
cambios constitucionales necesarios para hacer
posible la voluntad
popular. 4
En este proceso no sólo está en cuestión el
futuro de Cataluña, sino que
también está en juego la credibilidad
democrática del Estado ante la
sociedad catalana y española y ante la
comunidad internacional.
El derecho a decidir, no presupone ninguna
respuesta ni modelo
predeterminado. Este dependerá de la libre
decisión de los ciudadanos y
ciudadanas y de la voluntad de los partidos
mayoritarios en las Cortes y
de los grupos parlamentarios catalanes de
acordar una relación entre
Cataluña y el Estado sobre nuevas bases, que
en cualquier caso deberán
ser sometidas a consulta ciudadana.
Para recomponer la relación de Cataluña con el
Estado, en estos
momentos, sólo hay un camino, resolver lo que
quedó sin solución
durante la Transición: el reconocimiento
constitucional del carácter
plural de un estado formado por naciones, nacionalidades
y regiones
diversas, cultural y lingüísticamente.
Una pluralidad nacional y regional que debería
ser un elemento central
de la identidad compartida del Estado,
compatible con valores como la
fraternidad y la solidaridad entre sus
distintos componentes.
IU e ICV-EUiA manifiestan la necesidad de dar
una oportunidad al
diálogo para un nuevo pacto, con una profunda
reforma de la
Constitución en un sentido republicano,
federal, plurinacional, y
solidario que incorpore el derecho a decidir de
los pueblos que componen
el Estado.
El siglo XXI debe ser el siglo de las
soberanías compartidas. Soberanías
compartidas en el marco del Estado y de
Europa, superando las viejas
concepciones de los nacionalismos
tradicionales excluyentes y soberanía
que a su vez hagan compatible los
protagonismos y la participación
popular y ciudadana.
IU e ICV-EUiA están firmemente comprometidos
en el inicio de un
proceso constituyente en el conjunto del
Estado y de Cataluña que
suponga no sólo un nuevo modelo de Estado,
sino también un nuevo
modelo político, social i económico que
garantice una nueva política
radicalmente democrática que destierre la
corrupción de la política y un
nuevo modelo económico, ecológico y socialmente
justo.5
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