La veritat sobre els Fons Europeus...

Cataluña perderá 813 millones de los fondos estructurales europeos entre 2007 y 2013

CLAUDI PÉREZ - Barcelona - 14/01/2007

La economía catalana se ha beneficiado en los últimos años de los fondos europeos: 4.900 millones de euros de fondos estructurales y fondo de cohesión entre 2000 y 2006. Lo mismo ha sucedido en el conjunto de la economía española. Pero con la ampliación al Este y la progresiva convergencia -España alcanza ya el 98% de la media europea y Cataluña la supera con creces, con el 116%- toca apretarse el cinturón.

Hasta 813 millones de euros perderá la economía catalana en el periodo 2007-2013 sólo en lo relativo a los fondos estructurales -destinados al desarrollo regional, social, y a la agricultura y la pesca-, cuyo reparto ha decidido ya el Ministerio de Economía a pesar de las críticas del Ejecutivo catalán.

Eso supone una caída del 40% respecto al periodo 2000- 2006, a falta de conocer el reparto del Fondo de Cohesión (el destinado a infraestructuras medioambientales y de transporte). Con todo lo que eso supone, el retroceso es inferior a la media que experimentan las regiones con objetivo de competitividad -en otras palabras, las comunidades ricas: Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra y el País Vasco, entre otras-, cuyos ingresos procedentes de Bruselas retroceden una media del 44%.

El recorte total rozará los 3.000 millones: Cataluña obtuvo 2.870 millones en el anterior periodo a través del fondo de cohesión, y Bruselas ha otorgado sólo 3.250 millones en 2007- 2013 para el conjunto de España.

El Ejecutivo catalán califica la caída de los fondos estructurales como "fuerte, importante", pero matiza que el retroceso "se hará de forma gradual", asegura Andreu Morillas, secretario de Economía de la Generalitat. Además, las perspectivas iniciales eran peores. "Las negociaciones con la Comisión Europea, en las que ha participado activamente la Generalitat de la mano del Gobierno central, han permitido suavizar bastante el recorte que Bruselas quería inicialmente", explicó la directora general de Política Económica, Maria Antònia Monés.

El acuerdo definitivo prevé para España una partida de 1.995 millones adicionales para el fondo tecnológico -que no percibe ningún otro país de Europa- y mantener 3.250 millones de euros del Fondo de Cohesión, frente a la anulación que pretendía la Comisión. El Ministerio de Economía aún no ha fijado los criterios de reparto de este fondo, lo cual ha originado críticas entre las comunidades.

Críticas

Al margen del Fondo de Cohesión, el departamento que dirige Antoni Castells critica también el proceso de reparto de los fondos estructurales. En especial, el hecho de que el Estado haya asignado unilateralmente los fondos con los criterios orientativos de Bruselas y sin tener en cuenta las alegaciones de las comunidades. "Con el agravante de que en algunos casos se penaliza a las comunidades con un menor porcentaje de gestión, que se reserva el Estado", explica Monés.

En el caso del fondo tecnológico, el reparto realizado por el equipo del ministro de Economía, Pedro Solbes, es "aún más cuestionable", sostiene Monés. "El criterio de reparto era puramente orientativo en este caso, pero Economía ha asignado la mayor parte del fondo a las regiones que tienen como objetivo la convergencia -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia-, cuando la investigación y desarrollo (I+D) la realizan básicamente Cataluña o Madrid, que perciben una mínima parte de este fondo".

Encuentros y desencuentros con Solbes

Las negociaciones con el Ministerio de Economía sobre los fondos europeos aún no están cerradas. En el alero quedan todavía los 3.250 millones de euros que Bruselas ha destinado finalmente a los fondos de cohesión. En torno a 2.500 millones están ya asignados, y el Ejecutivo autónomo espera que el equipo del vicepresidente Pedro Solbes culmine "en breve" el reparto definitivo, que puede suponer en torno al 25% de los recursos para Cataluña, lejos de los 2.100 millones de la etapa anterior.

Pero los desencuentros con el Gobierno proceden de otros ámbitos. Básicamente, del fondo tecnológico. "El Ejecutivo se ha escudado en los criterios de Bruselas para el reparto, cuando son las regiones con objetivo de competitividad -las ricas- las que pueden presentar mejores proyectos", explica Maria Antònia Monés. El segundo punto de fricción es el porcentaje que se reserva el Estado de la gestión de los fondos estructurales. Finalmente, el 25% es para la Administración central y el 75% para las comunidades, aunque dentro de este porcentaje el 25% irá a manos de los ayuntamientos. A cambio, hay mejoras para Cataluña en aspectos como los fondos de cooperación territorial transfronteriza.

"El Estado ha hecho un gran esfuerzo negociador con Bruselas, pero ha sido poco flexible al no admitir cambios en el reparto entre comunidades ni en el porcentaje de los recursos que gestiona directamente", concluye Monés.